Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por la que se reclamaba una indemnización por los daños causados por la gestión de la pandemia de COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Asimismo, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor. Por último, rechaza la aplicabilidad del instituto expropiatorio.
Resumen: Beneficiario de subsidio de prejubilación impugna la resolución del SPEE sancionándole con su extinción, por no haber comunicado la percepción de dinero de una herencia, y declarando la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada confirma la decisión del Juzgado, basándose en que el dinero percibido por vía hereditaria es computable a efectos de determinar la capacidad económica del solicitante, y, como quiera que con el ingreso de dicho importe ha dejado de cumplir el requisito de carencia de rentas, y no lo ha comunicado a la entidad gestora, concurren los elementos del tipo de infracción grave del Art. 25.3 LISOS, sancionable con la extinción de la prestación.
